En estas circunstancias parece que no sería posible establecer garantías suficientes para atenuar el riesgo de que el reclamado pueda ser sometido a torturas o tratos inhumanos, caso de accederse a la entrega.

Estos abogados tienen un amplio conocimiento sobre las leyes y regulaciones en torno a las drogas en España, así como de los procedimientos y protocolos que se siguen en estos casos.

Principio de doble incriminación: el delito del que se acusa a la persona cuya extradición se solicita tiene que estar tipificado como delito en el Estado solicitante y el solicitado.

Estos profesionales tienen experiencia en la defensa de personas acusadas de delitos relacionados con drogas y pueden ayudarte a proteger tus derechos y libertades.

El COVID-19 ha desencadenado la innovación y la adaptación de los servicios de prevención y tratamiento de las drogas por medio de modelos más flexibles. Muchos países han introducido o ampliado los servicios de medicina a distancia debido a la pandemia, lo que significa que el personal sanitario puede ahora ofrecer asesoramiento o evaluaciones iniciales por teléfono a las personas que consumen drogas y utilizar sistemas electrónicos para prescribir sustancias controladas.

En los casos previstos en los Tratados vigentes con el Estado en cuyo territorio se encuentre la persona reclamada.

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Si no existe Tratado, si la extradición es considerada procedente en aplicación de la legislación del lugar en el que se encuentre la persona cuya extradición se solicita.

Cuando hayan solicitado la extradición diversos Estados, sea por el mismo hecho o bien por hechos distintos, será el Gobierno Orden europea de detención y entrega quien decida sobre la misma y en su caso, sobre la entrega del investigado.

La petición de extradición se debe hacer en forma de suplicatorio dirigido al Ministerio de Justicia. La excepción es el caso en que por el Tratado vigente con la nación en cuyo territorio esté el procesado, pueda pedir directamente la extradición el Juez o Tribunal que conozcan de la causa.

El art. forty four del Convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción establece fifteen » Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse como la imposición de una obligación de extraditar si el Estado Parte requerido tiene motivos justificados para presumir que la solicitud se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona en razón de su sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas o que su cumplimiento ocasionaría perjuicios a la posición de esa persona por cualquiera de estas razones».

Se atenderá a todas las circunstancias que concurran en el caso, y sobre todo a si existe tratado o no, a la gravedad relativa, al lugar en el que se haya cometido el delito, la fecha de solicitud de cada Estado, la nacionalidad del investigado y la posibilidad de una extradición ulterior a otro Estado.

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